
"No
existe ni una sola prueba fehaciente de que la pena de muerte sea un
factor disuasorio especial. Los políticos deben mostrar liderazgo en
materia de seguridad pública y dedicarse a buscar soluciones eficaces
para detener a la delincuencia”, ha declarado Audrey Gaughran, directora
del Programa sobre Asuntos Temáticos Globales de Amnistía
Internacional.

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